La detención de Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos desató una ofensiva judicial en la Argentina. Querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad presentaron un pedido formal ante el juez federal Sebastián Ramos para que se activen los trámites de extradición y el exmandatario venezolano sea juzgado en territorio argentino.
La presentación fue impulsada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación de FADER y víctimas directas, y se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que habilita a la Justicia argentina a intervenir en crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto, sin importar el lugar donde se cometieron.
Tras la captura del líder chavista, los querellantes solicitaron su traslado inmediato e invocaron el principio de jurisdicción universal para que responda por torturas, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en Venezuela.
La causa tiene antecedentes clave. En septiembre de 2024, la Cámara Federal ordenó la captura internacional de Maduro con fines de extradición, en el marco de una investigación que describe un plan sistemático de represión contra la población civil, con denuncias de ejecuciones, abusos sexuales y detenciones ilegales.
El pedido argentino se produce en un contexto diplomático delicado. Maduro se encuentra actualmente bajo custodia del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. Esta situación abre una disputa sobre el orden de prioridad de los procesos judiciales.
“Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuentas por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano”, señalaron los querellantes en el escrito presentado, que también fue girado a la Cancillería.
Cuáles son los próximos pasos
Para que Maduro pueda ser juzgado en la Argentina, deberán cumplirse dos instancias centrales:
La activación formal del pedido, que depende de una decisión del juez Ramos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores; y la cooperación internacional, donde el Gobierno argentino deberá negociar con la administración de Donald Trump el curso de las causas, ya que Estados Unidos tiene la custodia del detenido.
El objetivo de los denunciantes es claro: evitar que los crímenes de lesa humanidad queden relegados por las causas de narcotráfico y garantizar que el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas venezolanas sea el eje del proceso.
