El gobierno neuquino oficializó la reglamentación de la Ley N° 3268, que establece pautas claras sobre el uso de celulares y dispositivos tecnológicos en las escuelas, tanto de gestión estatal como privada. La medida busca ordenar el uso de estas herramientas en el ámbito educativo, promoviendo un enfoque pedagógico y reduciendo los riesgos asociados al uso indebido en las aulas.
La normativa introduce criterios diferenciados según el nivel educativo, con especial énfasis en el cuidado de los estudiantes más pequeños. En el nivel inicial y primario, se prioriza el resguardo de la imagen y la integridad de niños y niñas, estableciendo que los dispositivos deberán permanecer bajo custodia de la institución durante la jornada, salvo situaciones específicas autorizadas.
En el caso del nivel primario, la reglamentación contempla cierta flexibilización con fines educativos, permitiendo el uso de dispositivos en proyectos previamente planificados. Sin embargo, estas actividades deberán contar con autorización institucional y consentimiento familiar, además de garantizar alternativas para aquellos estudiantes que no dispongan de tecnología.
Para las escuelas secundarias, el uso de celulares estará habilitado únicamente cuando tenga un objetivo pedagógico definido por el docente. Fuera de ese contexto, los dispositivos deberán permanecer apagados, guardados y fuera del alcance, reforzando la idea de que la tecnología no debe interferir en el desarrollo normal de las clases.
La norma también establece restricciones estrictas sobre el uso no educativo, como la prohibición de grabar videos, audios o tomar fotografías dentro de la institución, así como reproducir música o utilizar aplicaciones ajenas a la actividad académica. Estas medidas apuntan a prevenir conflictos, proteger la privacidad y mejorar la convivencia escolar.
Al mismo tiempo, se contemplan excepciones justificadas, como situaciones de salud, necesidades educativas especiales o casos de comunicación urgente, siempre con autorización institucional y acuerdo familiar. La reglamentación también promueve la construcción de acuerdos escolares de convivencia que adapten la norma a cada comunidad educativa.
Finalmente, el Ministerio de Educación deberá avanzar con campañas de concientización, capacitación docente y seguimiento de la implementación. El objetivo es consolidar una cultura de uso responsable de la tecnología que combine aprendizaje, inclusión digital y cuidado de los estudiantes.
