En la antesala del debate parlamentario del Presupuesto 2026, los gobernadores comenzaron a marcar su territorio y a elevar una serie de reclamos que condicionarán la negociación con la Casa Rosada. El Gobierno, fortalecido tras su triunfo legislativo y atento a las señales de Estados Unidos y del FMI respecto a la necesidad de construir consensos, se prepara para una pulseada que pondrá a prueba su nuevo vínculo con las provincias.
Aunque el oficialismo designó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior para reordenar el canal político con los mandatarios, muchas de las demandas planteadas desde septiembre —cuando el proyecto ingresó al Congreso— permanecen intactas. Y, en paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, empezó a asumir un rol más activo en la estrategia legislativa: esta semana participó en Casa Rosada de una reunión junto a Santilli, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para coordinar la hoja de ruta parlamentaria.
A pesar de que Economía trabaja en una nueva redacción del texto, en el Gobierno admiten que no están dispuestos a conceder todos los pedidos. Sí, en cambio, escucharán con mayor atención a las provincias con peso propio en las cámaras, entre ellas Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén.
Un documento que llegó a manos de Santilli sintetizó los principales puntos de conflicto: siete reclamos que las provincias consideran indispensables para acompañar el Presupuesto.
El primero y más amplio tiene que ver con la necesidad de contar con aval nacional para tomar crédito internacional. Los gobernadores remarcan que este permiso no implica costos fiscales para la Nación, pero que resulta esencial para el financiamiento de obras y programas provinciales.
El segundo punto sensible es el de las cajas previsionales. El proyecto establece una transferencia de más de $122 mil millones desde ANSES, pero con una condición restrictiva: solo podrán acceder a esos anticipos las provincias con déficit previsional reconocido formalmente a partir de 2021. Los mandatarios reclaman ampliar ese requisito y actualizar el monto.
Otro foco de tensión es la propuesta oficial de eliminar la ampliación del régimen de zonas frías, medida implementada en 2021 que permitió descuentos en la tarifa de gas para más de tres millones de hogares, especialmente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La marcha atrás afectaría a usuarios de regiones con inviernos moderados que habían sido incorporados recientemente.
A esto se suman pedidos vinculados a la reactivación de la obra pública, la distribución de Aportes del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto a los combustibles. En este último punto, los gobernadores reclaman que se reparta el 1,9% de la recaudación retenida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que mantiene superávit operativo.
Lo que ya cedió Caputo
Aunque la negociación continúa, hay temas donde el ministro de Economía ya mostró disposición a avanzar. Uno es la incorporación en el Presupuesto del acuerdo alcanzado con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, reclama la normalización de los pagos y la inclusión de una partida que contemple los $274 mil millones adeudados desde agosto por el 1,55% que dispuso la Corte Suprema.
Otro gesto hacia las provincias provino del entendimiento con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, para modificar el esquema de retenciones al petróleo. Caputo y Torres firmaron un acta que ajusta los derechos de exportación del crudo convencional, un reclamo que el mandatario patagónico había llevado reiteradamente a Buenos Aires.
Con estos movimientos, el Gobierno busca blindar el primer examen político relevante tras las elecciones y medir hasta dónde está dispuesto a negociar cada uno de los gobernadores. El tratamiento del Presupuesto 2026, lejos de ser un trámite técnico, se perfila como el centro de una disputa donde cada artículo será moneda de cambio.
