El Gobierno de Javier Milei trabaja en la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, mediante el cual modificó distintos aspectos del régimen migratorio argentino e incorporó nuevas causales que pueden derivar en el impedimento de ingreso, la cancelación de una residencia o la expulsión de extranjeros.
La modificación fue publicada en el Boletín Oficial a fines de julio y ahora el Ejecutivo busca establecer con mayor precisión cómo se aplicarán las nuevas disposiciones, qué organismos deberán intervenir y qué procedimiento se utilizará para determinar cuándo una conducta encuadra dentro de las causales incorporadas.
Entre las nuevas disposiciones aparece la posibilidad de impedir el ingreso al país a extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos cuando esas expresiones estén motivadas por cuestiones vinculadas con la nacionalidad.
El decreto también contempla como causal el ultraje de símbolos patrios nacionales o la incitación a cometer alguna de esas conductas.
La modificación alcanza además a los extranjeros que ya cuentan con una residencia en el país. En determinadas circunstancias, la nueva normativa permite avanzar con la cancelación de esa residencia y posteriormente disponer la salida del territorio nacional.
Sin embargo, el texto establece un límite relevante. Las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no quedan comprendidas dentro de estas causales.
Ese punto será central en la reglamentación, ya que el Gobierno deberá establecer criterios para diferenciar una expresión protegida por la libertad de expresión de una conducta que pueda ser considerada una incitación al odio, la discriminación o la violencia.
La decisión del Ejecutivo se produjo después de una serie de episodios que el Gobierno interpretó como manifestaciones de hostilidad hacia la Argentina y sus ciudadanos. La Casa Rosada había señalado especialmente la circulación de mensajes y contenidos en redes sociales durante el Mundial 2026 que, según su interpretación, promovían una campaña de carácter “anti-Argentina”.
Con el DNU, el Gobierno sostuvo que el Estado tiene la potestad de establecer condiciones para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional y que quienes desarrollen conductas consideradas incompatibles con esos requisitos pueden quedar sujetos a medidas migratorias.
La reglamentación será, por lo tanto, el instrumento que deberá transformar las nuevas disposiciones generales en un procedimiento concreto. Allí se definirá cómo se acreditarán los hechos, qué autoridades tendrán competencia y cuáles serán los mecanismos para adoptar una decisión cuando una persona extranjera sea señalada por alguna de las conductas contempladas.
El avance de la medida también abre un debate sobre el equilibrio entre las facultades del Estado en materia migratoria y las garantías constitucionales vinculadas con la libertad de expresión. La distinción entre una crítica, incluso severa, hacia el país y una conducta que implique una verdadera incitación a la violencia será uno de los principales puntos que deberá resolver la reglamentación.
Por ahora, el Gobierno trabaja en el texto que permitirá aplicar el nuevo esquema. La causal de expulsión ya fue incorporada mediante el DNU; el próximo paso será definir las reglas y procedimientos para hacerla efectiva.
