El Gobierno nacional decidió no avanzar durante este año con la cobertura de las dos vacantes de la Corte Suprema ni con la designación de un Procurador General de la Nación. La Casa Rosada concentrará durante los próximos meses su estrategia judicial en los cargos de tribunales inferiores, donde necesita reunir mayorías menos exigentes en el Senado.
La definición no implica un cierre definitivo de ambos procesos, ya que la decisión sobre cuándo retomar las designaciones quedará en manos del Presidente, Javier Milei. Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que la situación se mantiene sin cambios respecto de la postura que el mandatario viene expresando durante 2026.
Milei había señalado en marzo que no tenía previsto avanzar con las designaciones que requieren mayorías calificadas en la Cámara alta. Tanto los jueces de la Corte como el Procurador General necesitan el respaldo de dos tercios de los senadores presentes para ser designados.
La diferencia resulta clave para la estrategia del Gobierno. Mientras que esos cargos exigen un acuerdo amplio con la oposición, los magistrados de los tribunales federales inferiores pueden ser aprobados por mayoría simple, lo que facilita las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores.
Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres de los cinco integrantes previstos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las dos vacantes se generaron luego de las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
El Gobierno ya había intentado cubrir esos lugares con las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero ninguno de los dos pliegos logró el respaldo necesario en el Senado. García-Mansilla incluso llegó a asumir como integrante del máximo tribunal, pero posteriormente dejó el cargo luego del rechazo de su candidatura por parte de la Cámara alta.
Aunque durante las últimas semanas volvieron a circular distintos nombres como posibles candidatos para la Corte, en el Ejecutivo buscaron bajar las expectativas respecto de un eventual envío de pliegos durante 2026. El Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había señalado en julio que completar la integración del máximo tribunal no constituía una prioridad inmediata.
La situación de la Procuración General también quedará fuera de las negociaciones centrales del Gobierno durante los próximos meses. Eduardo Casal continúa ocupando el cargo de manera interina desde 2017, mientras que en el Ejecutivo mantienen en consideración una eventual candidatura de Mahiques para ocuparlo de manera definitiva.
La prioridad oficial estará puesta ahora en los pliegos que ya fueron enviados al Senado para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores. El Ministerio de Justicia concentró buena parte de su trabajo en los juzgados de primera instancia y en las cámaras federales de todo el país.
Dentro de ese paquete, el Gobierno considera especialmente importantes las candidaturas de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña. Ambos ya atravesaron la audiencia pública correspondiente y el oficialismo sostiene que cuenta con los votos necesarios para llevar sus pliegos al recinto.
La importancia de esos nombramientos está relacionada con el peso institucional de la Cámara Federal porteña, que tiene entre sus funciones revisar las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py. Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola ingresaron formalmente al Senado en julio.
La Casa Rosada también prevé enviar durante los próximos meses candidatos para cubrir vacantes en juzgados electorales. Se trata de cargos que tienen una particular sensibilidad política por las competencias que ejercen en cada distrito y que hasta ahora no habían formado parte de las principales tandas de postulaciones remitidas al Congreso.
En paralelo, el Ministerio de Justicia mantiene en estudio una reforma de la estructura de la Justicia federal y nacional. Entre las alternativas analizadas figura la reducción de los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py, que pasarían de 12 a 8, y de los cargos de la Cámara Federal de Casación Penal, que pasarían de 13 a 9.
El Ejecutivo también evalúa reducir cargos en distintas cámaras de la Justicia Nacional que actualmente se encuentran vacantes. El proyecto todavía no tiene una fecha definida para ser enviado al Congreso, pero permanece dentro de la agenda de reformas que trabaja el Ministerio de Justicia.
De esta manera, el Gobierno busca separar dos tipos de negociaciones. Por un lado, avanzar con los nombramientos de jueces y otros funcionarios judiciales que requieren mayorías ordinarias. Por otro, dejar para más adelante las designaciones de la Corte y la Procuración, que obligarían a construir un acuerdo de dos tercios con sectores de la oposición.
Así, las dos vacantes de la Corte Suprema y la designación definitiva del Procurador General permanecerán fuera de las prioridades del Gobierno durante 2026, mientras la Casa Rosada concentra sus esfuerzos en completar cargos inferiores, preparar nuevas postulaciones para la Justicia electoral y definir una posible reorganización de la estructura judicial.
