El entendimiento económico anunciado por la Argentina y Estados Unidos abrió una nueva etapa en la relación bilateral, pero también generó interrogantes dentro del propio oficialismo. A casi una semana del anuncio, la “letra chica” del pacto aún no fue difundida y tanto funcionarios como legisladores reconocen que no saben con precisión qué aspectos requerirán aprobación parlamentaria.
“Todavía no conocemos los requisitos legales ni si alguna cláusula necesita aval del Congreso”, admitió una fuente del Gobierno al tanto de las conversaciones. La falta de información también alcanza a la oposición, que aguarda la difusión completa del texto antes de definir una postura. “Depende del contenido: si se trata solo de desgravaciones arancelarias, eso no pasaría por el Congreso”, señalaron desde uno de los bloques.
Otros sectores legislativos, sin embargo, anticipan que podría ser necesario reformar leyes vigentes si el acuerdo incluye reducciones impositivas con impacto fiscal, compromisos sobre recursos naturales —que además deberían aprobar las provincias— o disposiciones vinculadas a defensa y seguridad, áreas que involucran cuestiones de soberanía. En el oficialismo aseguran que el Gobierno podría publicar el documento la próxima semana, poniendo fin al hermetismo.
Mientras tanto, las miradas se concentran en los riesgos y oportunidades que podría traer el nuevo marco bilateral. El acuerdo firmado con Washington, según la embajada norteamericana, se sustenta en “valores democráticos compartidos” y una agenda común basada en la libre empresa y la apertura comercial. El borrador difundido por Estados Unidos detalla 11 ejes de trabajo, que van desde aranceles y barreras no arancelarias hasta propiedad intelectual, comercio agrícola, normas técnicas, comercio digital, seguridad económica, medio ambiente y empleo.
Uno de los puntos que generó mayor ruido político es el apartado ambiental. Allí, la Argentina se compromete a reforzar el combate contra la tala ilegal, promover un uso más eficiente de los recursos —incluidos los minerales críticos— y cumplir plenamente con las disposiciones de la OMC sobre subsidios a la pesca. Esa referencia a los minerales encendió alertas en sectores de la oposición y en organizaciones ambientales, que vinculan el compromiso con la intención del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares, una demanda histórica de las provincias mineras y de empresas del sector.
El oficialismo busca eliminar del texto el concepto de ambiente periglaciar, una definición clave que hoy impide avanzar con proyectos de exploración y explotación en zonas protegidas. Aunque la Casa Rosada niega que exista relación entre ambas discusiones, opositores y especialistas creen que el acuerdo con Estados Unidos podría sumar presión para avanzar con esos cambios.
Hasta que el Ejecutivo publique el documento definitivo, tanto el Gobierno como la oposición permanecen en la misma situación: a la espera de conocer los términos exactos de un acuerdo que podría requerir, o no, el aval del Congreso.
