El gendarme argentino Nahuel Gallo dio un nuevo paso en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela: se presentó como querellante en el expediente que involucra a Nicolás Maduro, con el objetivo de ser reconocido como víctima y participar activamente en la investigación.
La presentación fue realizada ante la justicia federal argentina, en una causa que se tramita bajo el principio de jurisdicción universal, que permite investigar este tipo de delitos más allá del lugar donde fueron cometidos.
Hasta ahora, Gallo había sido considerado un testigo clave dentro del expediente. De hecho, su testimonio fue impulsado por la querella como un elemento relevante para reconstruir el funcionamiento del sistema de detenciones en Venezuela.
Con este paso, su rol cambia: pasa de aportar información a intervenir directamente en el impulso del proceso judicial.
El gendarme estuvo detenido durante 448 días tras ser arrestado en diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela, en un caso que el Gobierno argentino denunció como detención arbitraria y violación de derechos humanos.
Durante su cautiverio, permaneció recluido en la prisión de El Rodeo I, donde denunció condiciones de aislamiento y “tortura psicológica”.
Tras recuperar la libertad en marzo, Gallo decidió avanzar con una estrategia judicial que no se limita a su situación personal. Según expresó, el objetivo es visibilizar lo ocurrido y extender el reclamo a otros detenidos por motivos políticos.
En ese sentido, su presentación incluyó un pedido explícito por la liberación de las personas que aún permanecen encarceladas en Venezuela. De acuerdo a organizaciones de derechos humanos, el número de detenidos por razones políticas sigue siendo significativo, incluso después de recientes excarcelaciones.
El caso de Gallo ya había generado repercusión internacional y fue incorporado en informes sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en los que se documentan prácticas como detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
Ahora, con su incorporación como querellante, la causa suma a una víctima directa como actor judicial, en un expediente que busca determinar responsabilidades en una estructura estatal denunciada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
