Cristina Fernández de Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de cuestionar la condena que la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación fue realizada luego de que se agotaran las instancias judiciales en la Argentina tras la confirmación de la sentencia en la causa Vialidad.
En el escrito, la exmandataria sostuvo que fue sometida a un proceso judicial marcado por irregularidades y planteó que la condena constituye una forma de «proscripción política». Según argumentó, se vulneraron garantías fundamentales vinculadas al debido proceso y al derecho de defensa.
Como parte de la presentación internacional, la defensa solicitó una medida cautelar para que se suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerar que la sanción se basa en «arbitrariedades» y que su carácter permanente contradice criterios sostenidos por organismos internacionales de derechos humanos.
Los abogados de la expresidenta también reclamaron ante la ONU el restablecimiento de garantías que, según sostienen, resultan necesarias para asegurar un recurso judicial efectivo. La estrategia jurídica fue impulsada por un equipo integrado por los letrados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes expusieron los fundamentos de la denuncia durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.
La presentación busca que el organismo internacional analice si el Estado argentino incumplió obligaciones asumidas en tratados internacionales de derechos humanos. En caso de que el Comité admita el reclamo, se abrirá un proceso de evaluación que podría extenderse durante varios meses.
La causa Vialidad culminó con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sanción que quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, el kirchnerismo sostiene que la sentencia responde a una persecución judicial, mientras que quienes respaldan el fallo afirman que se trata de una resolución adoptada dentro del marco institucional vigente.
La iniciativa ante la ONU suma un nuevo capítulo a la disputa política y judicial en torno a la figura de la expresidenta, en un escenario que continúa generando repercusiones dentro del peronismo y en el conjunto del sistema político argentino.
