La Cancillería argentina cuestionó al Reino Unido por rechazar la intervención de un tribunal internacional en la disputa por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y defendió el procedimiento de arbitraje iniciado por el Gobierno ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que recurrir a un tribunal internacional imparcial constituye, desde la posición argentina, una vía prevista por el derecho internacional para resolver controversias. La cartera encabezada por Pablo Quirno rechazó así la caracterización británica del procedimiento como un intento de afectar derechos del Reino Unido.
Cancillería remarcó que Argentina y Reino Unido son Estados Partes de la CONVEMAR y sostuvo que ambos aceptaron los mecanismos de solución de controversias contemplados en la Parte XV de la Convención. En ese sentido, el Gobierno argentino calificó el arbitraje como una obligación derivada del tratado.
El procedimiento fue iniciado el 28 de septiembre conforme al Anexo VII de la CONVEMAR, con el objetivo declarado por Argentina de impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental alrededor de las Malvinas mediante el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La respuesta argentina llegó después de que el Reino Unido defendiera las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las islas. La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que las Malvinas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales, una posición que Londres vincula con el principio de autodeterminación.
Frente a esa postura, Cancillería planteó que si el Reino Unido considera que sus actividades se ajustan al derecho internacional y a la CONVEMAR, podrá presentar sus argumentos ante los árbitros designados para intervenir en el procedimiento. Argentina, por su parte, afirmó que depositará su confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Gobierno argentino también vinculó la controversia con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas. Recordó especialmente la Resolución 2065 (XX), que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y los insta a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
Cancillería también mencionó la Resolución 31/49, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa permanezca pendiente de una solución. Desde la posición argentina, la exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa se encuadra en ese planteo.
El conflicto se encuentra además atravesado por el proyecto Sea Lion, cuya explotación fue anunciada por sus licenciatarias, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La Cancillería argentina viene cuestionando las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto y durante septiembre presentó nuevas protestas diplomáticas por licencias y operaciones relacionadas con los recursos de la zona.
En su comunicado, el Gobierno argentino también rechazó la utilización del principio de libre determinación de los pueblos en los términos planteados por el Reino Unido y reiteró que su posición incluye el compromiso de respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, contemplado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Por último, Cancillería reafirmó la disposición argentina a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre la Cuestión Malvinas y sostuvo que continuará utilizando vías diplomáticas y jurídicas para defender sus posiciones en la disputa.
