A horas del estallido en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada sobre Paseo Colón al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, comienzan a consolidarse los datos clave del caso que sacudió al barrio de Monserrat y activó una investigación federal. La explosión ocurrió este viernes a las 13.49 en el piso 11 del edificio, cuando personal de la fuerza manipulaba una encomienda que había sido recibida meses atrás y permanecía bajo resguardo.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, el paquete contenía un artefacto detonante que se activó en el momento de su apertura. La encomienda llevaba tiempo almacenada en la dependencia y explotó cuando fue abierta por efectivos de la institución. El hecho dejó cuatro heridos con lesiones de distinta consideración.
Dos agentes fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras, mientras que otros dos recibieron asistencia en el lugar, uno de ellos con suministro de oxígeno. Las autoridades confirmaron que los cuatro se encuentran fuera de peligro y que no hubo más personas lesionadas.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el envío habría estado dirigido a un exdirectivo de la institución, aunque por el momento no existe una hipótesis firme sobre los autores ni sobre la motivación del ataque. “No hay una hipótesis firme todavía”, reconocen en Nación, donde admiten que no cuentan con indicios concretos sobre los posibles responsables.
Tras el estallido, se dispuso la evacuación preventiva del edificio de Paseo Colón 533 y del inmueble contiguo, lo que implicó el desalojo de más de 300 personas. Se montó un operativo de seguridad con la intervención de brigadas especializadas y de la División de Explosivos, mientras se aseguraba el perímetro para permitir el trabajo pericial. Otros paquetes que también habían sido recibidos fueron inspeccionados y sometidos a detonaciones controladas para descartar riesgos adicionales.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. Las pericias están siendo realizadas por la Policía Federal Argentina a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), el área especializada en análisis de explosivos y dispositivos complejos. Las actuaciones buscan determinar el origen del envío, la composición del explosivo y la eventual responsabilidad penal.
En paralelo a la investigación judicial, el Gobierno nacional sigue de cerca la evolución del caso y prepara una presentación propia para impulsar el expediente. Desde el Ejecutivo señalaron que los equipos técnicos están evaluando el material disponible para aportar información recopilada por las áreas de Seguridad e Inteligencia.
En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se trasladó a la Casa Rosada para mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de coordinar la respuesta institucional y el seguimiento del caso. En el oficialismo aseguran que el tema es prioridad y que existe un trabajo articulado con la Justicia federal.
No se descarta que la causa pueda encuadrarse en figuras como intimidación pública o estrago, aunque esa calificación dependerá de los resultados de las pericias técnicas en curso. Por ahora, el foco está puesto en reconstruir la trazabilidad del paquete, entender cómo ingresó al circuito administrativo, por qué permaneció meses sin ser abierto y quién estuvo detrás de su envío.
Con el expediente ya en trámite y bajo monitoreo político, la investigación intenta despejar las incógnitas centrales de un hecho que, aunque no dejó víctimas fatales, encendió alertas en el corazón de una institución de seguridad federal y volvió a poner bajo la lupa los protocolos internos frente a envíos sospechosos.
