El oficialismo intensificó en las últimas horas las conversaciones con bloques dialoguistas para garantizar la aprobación definitiva de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Aunque cuenta con respaldo para sancionarla en general, los pedidos de modificaciones —principalmente sobre el régimen de licencias por enfermedad— amenazan con forzar un nuevo giro del proyecto al Senado.
La estrategia del Gobierno es clara: aceptar algunos reclamos, pero introducir los cambios más sensibles a través de un decreto posterior a la sanción, de modo de evitar que el texto vuelva a la Cámara alta y se dilate su entrada en vigencia más allá del 28 de febrero, fecha en que finalizan las sesiones extraordinarias.
El presidente de Diputados, Martín Menem, planea convocar este miércoles a las 14 a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, con la intención de llevar el proyecto al recinto el jueves al mediodía. Sin embargo, la negociación sigue abierta y el escenario aún es incierto.
El punto más conflictivo: las licencias médicas
El eje del debate se concentra en el artículo que modifica el régimen de licencias por enfermedad. El texto aprobado por el Senado establece que el trabajador perciba el 75% del salario en enfermedades “involuntarias” y el 50% en casos considerados “voluntarios”. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza el 100% del salario.
La posibilidad de revisar este punto cobró fuerza tras las declaraciones de la senadora y jefa de bloque libertaria Patricia Bullrich, quien admitió que se evalúa una modificación para mantener el 100% del salario en casos de enfermedades graves, degenerativas o irrecuperables, siempre que exista una verificación concreta. Sus dichos reactivaron el debate político y técnico dentro del Congreso.
Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, advirtió que cualquier modificación obligará a que el proyecto vuelva al Senado, ya que Diputados actúa como cámara revisora. En ese espacio, junto al Frente de Izquierda, ya anticiparon su rechazo total a la norma.
Presiones y reclamos en los bloques aliados
El PRO, encabezado por Cristian Ritondo, mantiene reuniones internas y junto a sus socios del interbloque Fuerza del Cambio, que incluye a la UCR, el MID y otros legisladores, para definir postura. Ritondo insistirá con reincorporar la libertad de cobro mediante billeteras virtuales, un punto que había sido incorporado en el Senado pero luego eliminado.
Desde el MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone plantearon objeciones al Fondo de Cese Laboral (FAL), a la reducción salarial por enfermedad y a las negociaciones por empresa. Falcone anticipó que acompañará la ley en general, pero rechazará los artículos que impliquen recortes en licencias médicas, y sostuvo que la única salida política sería un compromiso explícito del presidente Javier Milei para vetar esos puntos.
También el espacio Provincias Unidas, presidido por Gisela Scaglia, reclama cambios. Entre ellos, ajustes al Régimen para Medianas Inversiones (RIMI) y revisiones sobre el Fondo de cesantía laboral y las licencias médicas. Algunos de sus integrantes podrían acompañar con disidencias parciales, mientras otros ya adelantaron su rechazo.
Por su parte, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentará un dictamen de minoría.
Cuestionamientos fuera del Congreso
El debate también sumó críticas desde el ámbito jurídico. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presidido por el excamarista Ricardo Gil Lavedra, solicitó modificaciones a artículos vinculados a la Ley de Contrato de Trabajo, al considerar que podrían afectar el ejercicio profesional y vulnerar principios constitucionales y compromisos internacionales en materia laboral.
En un comunicado, el organismo remarcó la necesidad de respetar los principios protectorio y de progresividad, subrayando la desigualdad estructural entre empleador y trabajador.
Una definición contrarreloj
El oficialismo necesita sostener el equilibrio: introducir cambios que contengan a los aliados sin alterar el texto de forma tal que obligue a una nueva revisión del Senado. Si eso ocurre, los plazos reglamentarios podrían llevar la sanción definitiva más allá del actual período extraordinario.
Con el debate previsto para esta semana, el Gobierno enfrenta horas decisivas para cerrar acuerdos y asegurar que la reforma laboral avance sin nuevos obstáculos parlamentarios.
