El Gobierno confirmó que la reforma laboral no avanzará sobre el poder de los sindicatos y que los cambios estarán centrados en la creación de empleo. Desde la Casa Rosada aseguran que la modificación del régimen de trabajo no incluirá artículos que afecten las finanzas o la estructura interna de los gremios, un gesto directo hacia la CGT para evitar tensiones en el Congreso durante el tratamiento del proyecto.
En el Ejecutivo admiten que la reforma sindical no es una prioridad, aunque sí lo es garantizar un acuerdo político que permita la aprobación del texto antes de fin de año. La estrategia oficial apunta a que el Senado le dé media sanción antes del 30 de diciembre para enviar la discusión a Diputados después del 15 de enero. Las negociaciones en la Cámara Alta quedarán en manos de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, quien busca presidir de forma temporal la comisión de Trabajo y Previsión Social hasta febrero.
Mientras tanto, el Gobierno terminó de ajustar los puntos más sensibles del proyecto para acercarse a la CGT. La Casa Rosada dejó afuera la propuesta de limitar el pago de la cuota solidaria, uno de los puntos más resistidos por los sindicatos porque hubiera afectado su recaudación. También confirmó que se incorporará la prelación del convenio por empresa sobre el convenio por actividad, aunque con una condición clave: esos acuerdos solo podrán ser firmados por el sindicato con personería gremial, dejando afuera a las comisiones internas y delegados.
Sin embargo, aún hay definiciones pendientes. En el Ejecutivo no confirman si el texto final mantendrá el artículo que restringe la ultraactividad de los convenios colectivos, un aspecto que la CGT considera de fuerte impacto sobre la negociación laboral. La última versión del proyecto suma una disposición transitoria que obliga a la Secretaría de Trabajo a convocar a las partes en el plazo de un año para renegociar o ratificar cláusulas de convenios vencidos.
Tampoco está claro si se mantendrá la tipificación de la organización de bloqueos o tomas de establecimientos como una infracción laboral, ni cómo quedará finalmente la reglamentación estricta del derecho de huelga, una figura que ya había sido incluida en el DNU 70/2023 impulsado por Federico Sturzenegger.
El texto definitivo será enviado este martes al Senado luego de la última reunión del Consejo de Mayo, prevista para las 13 en las oficinas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Balcarce 50. En la Casa Rosada aseguran que “el proyecto final es muy similar al que ya circuló”, aunque todavía no está decidido si su presentación será a través de una conferencia de prensa o si se enviará directamente al Congreso.
