La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre de 2025, incorporó una nueva prueba: una filmación que registra parte de las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verdi y Brenda del Castillo.
El archivo fue encontrado durante una pericia informática realizada sobre un teléfono celular secuestrado en el marco de otra causa vinculada con el narcotráfico. Según la información difundida, la grabación tiene una duración superior a dos minutos y muestra un interrogatorio violento contra la adolescente.
El hallazgo permitió identificar a uno de los hombres que aparece en las imágenes y abrió nuevas líneas de investigación sobre la posible presencia de otros acusados en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos.
A partir de la incorporación del material, el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, dispuso nuevamente el secreto de sumario para avanzar con las diligencias y preservar las actuaciones. La medida se adoptó mientras los investigadores analizan el alcance de la filmación y su relación con las declaraciones que ya forman parte del expediente.
Cómo encontraron la grabación y qué investiga la Justicia
El video fue recuperado mediante un procedimiento de extracción forense de información digital sobre un teléfono que había sido secuestrado durante una investigación por narcotráfico. Para examinar el dispositivo, los especialistas utilizaron una herramienta tecnológica que permite recuperar y analizar archivos almacenados en equipos electrónicos.
Según la reconstrucción difundida, el material había circulado mediante una aplicación de mensajería encriptada y permanecía guardado en el teléfono al momento de la pericia. Uno de los hombres identificados en la filmación es Pablo Daniel Macalopu Cafferata, ciudadano peruano de 35 años, quien ya se encontraba detenido por una investigación judicial que tramita ante la Justicia federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
La aparición del video permitió vincularlo con las actuaciones por el triple crimen. De acuerdo con la información publicada, se dispuso que permaneciera detenido también en relación con ese expediente. La jueza Arroyo Salgado comunicó el hallazgo al juzgado federal de Morón, donde se incorporó el material para su análisis.
La investigación busca establecer quiénes participaron del interrogatorio, qué responsabilidades individuales pueden atribuirse y cómo se relaciona la grabación con el resto de las pruebas reunidas.
El triple crimen ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo fueron asesinadas en una vivienda de Villa Vaettone, en Florencio Varela.
Desde las primeras actuaciones, los investigadores vincularon el hecho con una presunta organización dedicada al narcotráfico y analizaron la hipótesis de una represalia relacionada con el robo de drogas.
La situación de “Pequeño J” y las nuevas medidas judiciales
Otro de los puntos que deberá esclarecer la Justicia es la posible presencia de Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”, en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos. Valverde había negado durante su declaración indagatoria haber estado en el lugar y sostuvo que desconocía las circunstancias en las que se produjeron los crímenes.
Sin embargo, la nueva filmación podría aportar elementos que contradigan esa versión. Los investigadores deberán determinar si las imágenes permiten establecer su presencia y, en ese caso, qué participación pudo haber tenido en los hechos. La existencia del registro no reemplaza la necesidad de analizar otras pruebas ni permite establecer por sí sola la responsabilidad penal de los acusados.
El expediente continúa con más de 17 personas detenidas y cinco prófugos internacionales, según los datos difundidos sobre el estado de la investigación. La decisión de establecer nuevamente el secreto de sumario busca preservar las diligencias pendientes. En ese contexto, la defensa de Valverde todavía no había accedido a la filmación al momento de conocerse la información.
La incorporación de esta evidencia permitirá a los investigadores contrastar testimonios, revisar las declaraciones de los imputados y avanzar en la reconstrucción de los hechos ocurridos en septiembre de 2025.
La Justicia deberá determinar el valor probatorio del registro y establecer las responsabilidades individuales de las personas investigadas.
