La investigación judicial que involucra al vocero presidencial, Manuel Adorni, incorporó en las últimas horas un elemento concreto: la difusión oficial de los contratos de coproducción entre la TV Pública y la productora Imhouse, que ahora pasan a ser parte del análisis sobre posibles irregularidades.
Según datos de Radio y Televisión Argentina (RTA), se firmaron al menos seis acuerdos que incluyeron programas radiales, ciclos de entrevistas y contenidos digitales. El punto central no es solo su existencia, sino el esquema bajo el cual funcionaban.
Los contratos establecían una lógica repetida: la productora asumía todos los costos —personal, equipamiento, derechos y eventuales reclamos— y, a cambio, obtenía el control de la pauta publicitaria hasta recuperar la inversión. Una vez cubiertos esos gastos, los ingresos se repartían con el Estado.
Ese modelo se aplicó desde el primer acuerdo firmado en abril de 2024, durante la intervención de Diego Martín Chaher, para el programa radial “La caja de Pandora”. En ese caso, la empresa abonó un canon fijo y retuvo el 100% de la publicidad.
El mismo esquema se replicó en ciclos posteriores, como “Giros en Línea Recta”, y se extendió a contenidos digitales como “Enredados” y “La Sala”, emitidos en plataformas de streaming. La continuidad del modelo a lo largo de distintas gestiones es uno de los aspectos que ahora se analizan.
La difusión de estos contratos se da en paralelo al avance de la causa judicial, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga una posible malversación de fondos. En ese expediente también aparece mencionado el periodista Marcelo Grandío, vinculado a la productora.
Entre las medidas de prueba solicitadas figuran el análisis de registros migratorios y la reconstrucción de posibles vínculos en viajes al exterior, en una investigación que se originó tras un traslado a Punta del Este en un vuelo privado.
A ese punto se suman otros elementos, como transferencias de dinero desde Imhouse hacia Adorni por más de 1,6 millones de pesos, detectadas luego del levantamiento del secreto bancario.
Con este conjunto de datos, la Justicia busca determinar si el esquema de contratación, los vínculos personales y los movimientos de dinero forman parte de un mismo circuito o si se trata de relaciones independientes sin irregularidades.
