La investigación por la muerte de un bebé de 39 días en Centenario avanzó con la reformulación de cargos contra sus padres, en una causa que ahora describe un contexto de violencia sistemática, abandono y múltiples episodios previos dentro del ámbito familiar.
Durante una audiencia, el fiscal Andrés Azar precisó que el hecho ocurrió el 30 de agosto de 2025 en una vivienda del barrio Nueva España, donde convivía la pareja junto a sus hijos. Según la nueva imputación, ambos adultos habrían ejercido agresiones reiteradas sobre el bebé mediante golpes, sacudidas y compresiones físicas, en una dinámica que derivó en lesiones graves.
El informe de autopsia estableció que la muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo y otro abdominal, compatibles con la aplicación de fuerza intensa. A ese cuadro se sumó un dato central para la investigación: el niño presentaba lesiones de distinta data desde su nacimiento, lo que refuerza la hipótesis de un maltrato prolongado.
Además de las agresiones, la fiscalía describió un escenario de desprotección estructural, en el que el bebé no contaba con controles médicos adecuados, presentaba signos de malnutrición y habría estado expuesto a sustancias. Estos elementos fueron incorporados para sostener la reformulación de cargos, que ahora incluyen homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, junto a imputaciones por lesiones leves y graves.
En relación a la madre, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que tuvo un rol activo en la dinámica de violencia, tanto por acciones directas como por la omisión de cuidados. Si bien se mencionaron condiciones de vulnerabilidad y un entorno atravesado por violencia, se indicó que esos factores no excluyen la responsabilidad penal en el hecho investigado.
La causa también abrió una nueva línea de investigación a partir de informes forenses que derivaron en sospechas de presunto abuso sexual, con posibles víctimas dentro del mismo entorno. En ese marco, restan medidas clave como entrevistas en cámara Gesell, consideradas determinantes para el avance del expediente.
El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la reformulación de cargos, incorporó formalmente la imputación contra la mujer y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. En cuanto a las medidas cautelares, dispuso prisión domiciliaria con monitoreo electrónico para la madre, mientras que el padre continuará detenido con prisión preventiva.
Al fundamentar su decisión, el magistrado señaló la existencia de riesgos de entorpecimiento del proceso, especialmente en relación a testigos que aún deben declarar, y en menor medida, de fuga. Con una acusación más grave y nuevas líneas en análisis, la causa avanza en un escenario que podría complejizarse a medida que se sumen pruebas y testimonios.
