La investigación por el uso irregular de anestésicos en el Hospital Italiano sumó un nuevo capítulo judicial: el juez, Javier Sánchez Sarmiento, procesó a dos profesionales por administración fraudulenta, en una causa que dejó de centrarse únicamente en el consumo de drogas para avanzar sobre el desvío de recursos dentro de la institución.
Los imputados son el anestesista Hernán Boveri y la exresidente Delfina “Fini” Lanusse, quienes además tienen prohibida la salida del país, no podrán comunicarse entre sí durante 90 días y fueron embargados con sumas millonarias. En el caso de Boveri, el embargo asciende a 70 millones de pesos, mientras que para Lanusse es de 30 millones.
La decisión judicial marca un cambio en la lectura del caso. Ya no se trata solo de episodios de consumo, sino de un esquema que implicaba la sustracción de medicamentos del hospital, lo que encuadra la investigación en un delito económico. Según la resolución, Boveri fue considerado autor y partícipe necesario en el robo de anestésicos.
El expediente se inició a partir de una causa paralela: la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista de 29 años que fue encontrado sin vida en su departamento el 20 de febrero. Ese hecho funcionó como punto de partida para que salieran a la luz prácticas que hasta entonces permanecían dentro del ámbito interno, entre ellas el consumo de propofol en encuentros informales conocidos como “propo fest”.
En ese contexto, Lanusse reconoció haber consumido propofol durante al menos dos años, aunque sostuvo que lo hacía instigada por Boveri. Por su parte, el anestesista admitió haberla drogado en algunas oportunidades —según su versión, con consentimiento— y atribuyó a la joven la responsabilidad por el robo de los medicamentos.
Las declaraciones se cruzan en un punto clave: el acceso y uso de anestésicos fuera del circuito médico, lo que derivó en la intervención de las autoridades del hospital. Según consta en la causa, tres residentes alertaron haber visto a Lanusse “en estado de sedación” dentro de la institución, lo que motivó una reunión con los jefes del área.
En un primer momento, la exresidente negó los hechos, pero luego admitió el consumo de sustancias sustraídas del hospital. Ese reconocimiento, sumado a los testimonios internos, terminó de configurar un escenario que la Justicia ahora investiga como parte de un mecanismo irregular sostenido en el tiempo.
Sobre la relación entre los imputados, existen versiones que indican un vínculo personal previo, aunque ese aspecto no fue confirmado oficialmente y no forma parte, por ahora, del eje central de la causa.
Con los procesamientos dictados, el caso entra en una nueva etapa. La investigación ya no se limita a reconstruir conductas individuales, sino que busca determinar cómo fue posible que el desvío de medicamentos se produjera dentro de un ámbito hospitalario sin ser detectado de forma inmediata.
