La causa por presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue tomando velocidad. Un día después de que Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, pasara casi dos horas en Comodoro Py sin responder preguntas, su exnúmero dos, Daniel María Garbellini, también se presentó ante la Justicia y decidió no declarar.
Ambos forman parte del grupo de imputados citados por el juez en el marco de una investigación que apunta a direccionamiento de contrataciones millonarias y presuntas coimas. El cronograma ya está definido: el próximo llamado a indagatoria es Lorena Di Giorno, el 28 de noviembre, y entre el 1 y el 5 de diciembre deberán presentarse Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Santich, Guadalupe Muñoz, Patricio Rama, Ruth Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
Según la fiscalía, al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido beneficiadas de manera sistemática. En conjunto obtuvieron cerca de $40.000 millones en contratos durante el último año y medio, período que coincide con la gestión de Spagnuolo y Garbellini. La pesquisa también reveló un dato llamativo: personas ajenas al organismo habrían tenido acceso al sistema de contrataciones. Entre ellas figura Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, que habría intervenido de forma irregular en decisiones administrativas.
Otro eje central de la causa se concentra en dos presuntos operadores externos, Miguel Ángel Calvete y Pablo Achavajian, quienes —según los chats incorporados al expediente— indicaban qué proveedores favorecer, cuáles sancionar y qué pagos liberar. Para los investigadores, se trataba de una estructura articulada que controlaba el circuito completo de contrataciones públicas.
Las pruebas contra Spagnuolo tomaron fuerza tras el levantamiento del secreto de sumario. Imágenes de cámaras de seguridad lo muestran saliendo de la casa de Calvete con una mochila que habría contenido unos $5 millones en efectivo. La secuencia ocurrió luego de un intercambio de audios entre ambos, donde el lobista lo apoda “Coroa” y coordina la entrega de dinero. El expediente también registra al menos cinco visitas de Calvete a la vivienda de Spagnuolo en un country bonaerense entre junio de 2024 y mayo de 2025.
En otra conversación, Calvete le pide a su pareja, Guadalupe Muñoz, que junte fondos para “subir” dinero destinado al exfuncionario, mencionando un pago relacionado —según la interpretación judicial— con un viaje del presidente Javier Milei. La fiscalía atribuye a Muñoz el rol de administrar el flujo de dinero: trasladarlo, guardarlo, mover cheques y realizar depósitos.
El caso tomó estado público luego de los audios difundidos en agosto, donde una voz atribuida a Spagnuolo denuncia un supuesto sistema de retenciones del 8% en compras públicas, señalando como involucrados a Eduardo “Lule” Menem y a la droguería Suizo Argentina. Allí afirma que estaban “defalcando la agencia” y asegura contar con “todos los WhatsApps de Karina Milei” como respaldo.
Con todos los citados ya notificados y un volumen de pruebas que crece semana a semana, la investigación avanza hacia una etapa clave que podría redefinir responsabilidades dentro de un organismo central para la asistencia a personas con discapacidad.
