El gobierno de la Provincia del Neuquén reglamentó la Ley 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos como requisito para permanecer en sus cargos. La medida quedó formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que ya entró en vigencia.
La normativa apunta a reforzar estándares de ética, idoneidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. El objetivo central es garantizar que quienes ocupan responsabilidades en el Estado provincial desempeñen sus funciones libres del consumo de sustancias psicoactivas prohibidas, en línea con principios de integridad institucional.
Según lo establecido en la reglamentación, los controles serán sorpresivos y se definirán a través de un sorteo trimestral. El procedimiento estará a cargo del Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), que seleccionará en cada instancia al 12,5% del universo de funcionarios alcanzados por la ley. De esta manera, se busca asegurar imparcialidad y transparencia en la elección de los evaluados.
Los análisis se realizarán sobre muestras de orina y estarán orientados a detectar sustancias como opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras. Los funcionarios deberán declarar previamente si consumen medicamentos o suplementos que puedan alterar los resultados, y en caso de una detección positiva tendrán derecho a solicitar una contraprueba en un laboratorio distinto y a contar con un perito bioquímico de su elección.
La reglamentación también fija los pasos administrativos a seguir ante un eventual resultado positivo, resguardando el debido proceso y la confidencialidad de la información. Todo el circuito estará atravesado por criterios de protección de datos personales y trazabilidad técnica.
La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud, que tendrá a su cargo la supervisión de los protocolos y el mantenimiento de un registro confidencial de los procedimientos. El decreto fue refrendado además por el ministro de Salud, Martín Regueiro, y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida se inscribe dentro de una política más amplia de fortalecimiento institucional, que incluye iniciativas de control, acceso a la información y profesionalización del Estado. La reglamentación se apoya en el artículo 153 de la Constitución provincial, que establece principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y publicidad en la administración pública.
La elaboración del decreto contó con la intervención de la subsecretaría de Recursos Humanos, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, junto con áreas legales del ministerio de Salud, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
Con esta reglamentación, Neuquén avanza en la implementación concreta de los llamados “narco test” dentro del ámbito estatal, en una medida que ya genera debate político y jurídico sobre su alcance y aplicación, pero que desde el oficialismo presentan como un paso hacia instituciones “más transparentes y confiables” para la ciudadanía.
