En medio de la tensión por los fondos para las universidades, el Gobierno asegura que ya cuenta con los votos necesarios para aprobar una nueva Ley de Financiamiento Universitario. Aunque la intención inicial era tratar el proyecto esta misma semana en la Cámara de Diputados, la discusión se postergó y ahora el oficialismo apunta a marzo para avanzar con la media sanción.
Desde la Casa Rosada sostienen que el número está garantizado gracias al respaldo de aliados y bloques dialoguistas, entre ellos legisladores de Provincias Unidas. Según estimaciones oficiales, el piso sería de 131 votos, suficientes para encaminar la aprobación del nuevo esquema.
La iniciativa fue incluida en el decreto que prorroga las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, que será publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, puertas adentro reconocen que los tiempos parlamentarios no alcanzan para votarla ahora. La estrategia es conformar la comisión, dictaminar y retomar el tratamiento a partir del próximo mes.
El proyecto que impulsa el Ejecutivo no elimina formalmente la ley vigente —sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso—, pero sí busca modificar de fondo el mecanismo de actualización y transferencia de fondos a las universidades nacionales. La propuesta apunta a reemplazar la indexación automática por aumentos escalonados y cláusulas de revisión.
En paralelo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las 56 universidades nacionales. En esos encuentros se trabajó sobre una agenda técnica que incluyó salarios docentes, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.
El Ejecutivo estaría dispuesto a otorgar una actualización del 20% en los créditos para gastos de funcionamiento respecto de 2025, junto con una instancia de evaluación en junio para analizar posibles desfasajes frente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La negociación legislativa se da mientras la Casa Rosada apela la medida cautelar que la obliga a aplicar la ley actual. El recurso fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo, luego de que un fallo de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.
En Balcarce 50 buscan evitar un nuevo frente de conflicto político y judicial en el arranque del ciclo lectivo. La apuesta es clara: cerrar el debate en el Congreso con una nueva norma que reemplace en la práctica a la vigente y redefina cómo se financian las universidades públicas.
