La Argentina y el Reino Unido protagonizaron este martes 10 de noviembre un nuevo capítulo de su controversia por las Islas Malvinas, esta vez ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania. El motivo fue el pedido argentino de medidas provisionales para impedir que avance el proyecto petrolero Sea Lion, previsto en aguas cuya jurisdicción es objeto de disputa.
Durante la primera audiencia, la representación argentina sostuvo que la explotación unilateral de hidrocarburos vulnera las obligaciones internacionales relacionadas con una controversia de soberanía todavía pendiente de resolución.
El Reino Unido, por su parte, rechazó la competencia del tribunal para intervenir en los términos planteados por Buenos Aires y defendió el derecho de los habitantes de las islas a utilizar sus recursos naturales.
La discusión se desarrolla en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y no implica que el tribunal de Hamburgo vaya a pronunciarse sobre la soberanía de las Malvinas.
El procedimiento busca determinar si corresponde establecer restricciones temporales sobre determinadas actividades petroleras mientras se constituye un tribunal arbitral que deberá abordar la controversia jurídica de fondo.
Qué reclama Argentina y cuáles son sus argumentos
La delegación argentina estuvo encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ante los integrantes del tribunal, el diplomático explicó que la presentación no pretende obtener una decisión inmediata sobre la soberanía, sino evitar que se produzcan hechos que puedan modificar de manera irreversible la situación de los recursos naturales.
“Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, sostuvo Oyarzábal durante su exposición.
La posición argentina se apoya, entre otros antecedentes, en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Resolución 2065, de 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Por su parte, la Resolución 31/49, de 1976, instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que impliquen modificaciones en la situación mientras continúe el proceso de negociación.
“Cincuenta años después, aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse”, expresó el representante argentino.
El pedido presentado por el Gobierno nacional el 13 de octubre contempla cuatro medidas principales: impedir el inicio o la continuación de la explotación petrolera vinculada con Sea Lion, evitar el otorgamiento de nuevos permisos en el área, preservar la información obtenida durante las tareas de exploración y establecer garantías de protección ambiental.
Uno de los principales argumentos argentinos es que los hidrocarburos son recursos no renovables y que su extracción no puede revertirse posteriormente mediante una compensación económica.
“El petróleo, una vez extraído, no puede ser devuelto”, afirmó Oyarzábal.
La delegación también advirtió sobre posibles consecuencias ambientales de las operaciones. En su exposición, mencionó antecedentes de incidentes técnicos durante actividades de exploración y sostuvo que un eventual derrame podría alcanzar aguas argentinas no comprendidas en la controversia.
La respuesta británica y los plazos del proyecto Sea Lion
La representación del Reino Unido, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, cuestionó los fundamentos de la presentación argentina.
Según sostuvo, las medidas solicitadas podrían tener consecuencias económicas significativas para los habitantes de las islas y comprometer la continuidad del proyecto petrolero.
Reeves afirmó que una suspensión impediría a la población isleña aprovechar recursos que Londres considera comprendidos dentro de su derecho a la autodeterminación.
También reiteró el rechazo británico al reclamo argentino de soberanía y sostuvo que el Gobierno del Reino Unido mantiene su disposición a cooperar en asuntos de interés común en el Atlántico Sur.
Otro de los puntos centrales de la respuesta fue la supuesta falta de urgencia de la solicitud argentina.
El abogado británico Michael Wood señaló que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027, mientras que la extracción de petróleo no se iniciaría antes de marzo de 2028.
Desde esa perspectiva, la delegación británica consideró que existe tiempo suficiente para constituir el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.
Argentina, en cambio, sostuvo que la posibilidad de iniciar operaciones en un área disputada justifica la adopción de medidas preventivas.
El proyecto Sea Lion involucra a las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuyos directivos estuvieron presentes durante las exposiciones en Hamburgo, según informó Infobae.
Qué puede resolver el tribunal y cuándo se conocería la decisión
La audiencia de este martes fue la primera de las previstas para analizar la solicitud argentina. El procedimiento continuará el miércoles 11 de noviembre, cuando ambas partes tendrán una nueva oportunidad de presentar sus argumentos.
La intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene un alcance específico: evaluar la procedencia de medidas provisionales, sin resolver la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La controversia de fondo deberá tramitarse mediante un arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convemar, debido a que Argentina y el Reino Unido eligieron mecanismos diferentes para la solución de controversias.
Entre las posibilidades se encuentra que el tribunal conceda la totalidad de las medidas solicitadas, que adopte solamente algunas de ellas o que rechace el pedido argentino.
De acuerdo con la información difundida tras la primera audiencia, la decisión podría conocerse alrededor del viernes 13 de noviembre, aunque también existe la posibilidad de que se postergue hasta la semana siguiente.
El procedimiento representa una nueva instancia jurídica en la controversia entre ambos países por las Malvinas, esta vez centrada en la explotación de recursos naturales y en las obligaciones internacionales aplicables mientras continúa pendiente la disputa de soberanía.
