La Justicia dispuso que la causa que investiga la adquisición de una mansión valuada en aproximadamente 17 millones de dólares en la localidad bonaerense de Pilar vuelva a tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del fuero Penal Económico.
La decisión fue adoptada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que ordenó remitir el expediente al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N.º 10, actualmente a cargo de la jueza Verónica Straccia. De esta manera, la investigación dejará la órbita del juzgado federal de Campana, donde había sido enviada meses atrás.
La causa intenta determinar si la compra de la propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, junto con una importante flota de automóviles de colección valuada en varios millones de dólares, formó parte de una presunta maniobra de lavado de activos. Los investigadores analizan el origen de los fondos utilizados para adquirir esos bienes y si existieron vínculos con dirigentes relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según señalaron los camaristas, el aspecto central de la investigación no es la ubicación física del inmueble, sino el lugar donde se habrían desarrollado las operaciones económicas y societarias bajo análisis. En ese sentido, destacaron que varias de las sociedades investigadas tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que la escritura de compra de la propiedad fue firmada en una escribanía porteña.
La pesquisa también incluye referencias a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, además de integrantes de su entorno familiar y comercial. Los magistrados sostuvieron que existe un «complejo entramado societario y de relaciones económicas» vinculado al fútbol profesional que justifica la intervención del fuero especializado en delitos económicos.
Entre los principales imputados aparecen Luciano Pantano y Ana Conte, vinculados a la firma propietaria del inmueble. La investigación procura establecer si actuaron como presuntos testaferros y si los recursos utilizados para adquirir los bienes tuvieron relación con fondos provenientes de actividades asociadas al fútbol profesional.
La resolución pone fin a una prolongada disputa de competencia judicial. En enero, la causa había sido enviada a Campana por decisión de la Cámara Federal de San Martín, pero posteriormente la Cámara Federal de Casación Penal anuló ese criterio y ordenó una nueva definición, que finalmente quedó en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
Con esta decisión, la investigación continuará en Buenos Aires, donde se buscará profundizar el análisis de movimientos financieros, operaciones societarias y la eventual existencia de maniobras de lavado vinculadas a la adquisición de la propiedad y otros bienes bajo sospecha.
