La Justicia chaqueña rechazó este jueves la maniobra del clan Sena para intentar allanar el camino hacia futuras prisiones domiciliarias, en el marco de la segunda audiencia de cesura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La jueza Dolly Fernández, a cargo del proceso, desestimó los pedidos de realizar juntas médicas solicitadas por las defensas, que buscaban instalar cuestionamientos sobre la salud física y mental de los imputados antes de que se definan las penas.
La audiencia se desarrolló en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde declararon varios testigos y se volvió a exponer la tensión entre las partes. Ahora, la magistrada deberá resolver este viernes cuál será la condena que recibirán César Sena —ya declarado culpable por homicidio doblemente agravado— y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, considerados partícipes necesarios, junto a los demás colaboradores involucrados en el caso.
Fernández fue tajante al rechazar el planteo defensivo: afirmó que los estudios solicitados no tienen cabida en esta etapa del proceso, destinada exclusivamente a establecer el monto de la pena. “Exceden el marco propio de la cesura”, sostuvo, al aclarar que cualquier evaluación médica que pudiera ordenarse solo puede ser utilizada para el control rutinario de personas bajo custodia, y no como argumento para modificar condiciones de detención en el futuro.
El clima ya venía caldeado desde la primera audiencia del miércoles, cuando los abogados del clan Sena pidieron la nulidad del veredicto del jurado popular, alegando supuestas presiones externas, influencia mediática y errores durante la deliberación. La fiscalía, representada por Martín Bogado, rechazó en duros términos esos planteos y advirtió sobre la “gravedad” de ciertas afirmaciones que insinuaban conocimiento sobre movimientos del jurado durante el juicio. Las querellas también se opusieron, recordando que ninguna de esas objeciones había sido planteada en el debate oral.
En paralelo, la defensa de César Sena volvió a insistir con la necesidad de una evaluación integral de su estado mental, mientras que los representantes de Emerenciano y Acuña buscaron incorporar estudios médicos para dejar asentadas condiciones que, más adelante, podrían ser utilizadas para solicitar arrestos domiciliarios. La fiscalía reiteró que la cesura no es el ámbito procesal para debatir imputabilidad, salud mental ni régimen de detención.
Con las discusiones cerradas y los pedidos rechazados, la jueza Fernández deberá definir mañana las penas que recaerán sobre los condenados, en un caso que conmocionó a Chaco y que mantiene una fuerte atención pública desde la desaparición de Cecilia en junio de 2023.
