El Gobierno nacional planea reunirse con la nueva cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) antes de presentar la reforma laboral en el Congreso, con el objetivo de acercar posiciones y asegurar un debate más ordenado del proyecto, que se ingresaría primero por el Senado. En la Casa Rosada buscan encuentros con Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) en los próximos días.
Desde el Ejecutivo reconocen que no centralizarán las negociaciones en el Consejo de Mayo, que no volvió a reunirse tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete. En cambio, la estrategia será avanzar con reuniones sectoriales, tanto con dirigentes sindicales como con representantes del sector empresarial, coordinadas por el ministro coordinador Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.
El proyecto de reforma contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) destinados a reducir los costos de contratación, los impuestos laborales y la participación estatal en los acuerdos entre privados. También busca fomentar la mediación y el arbitraje para resolver conflictos y evitar judicializaciones, así como la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos, la aplicación de convenios específicos sobre colectivos y limitaciones al derecho de huelga al declarar servicios esenciales hasta en un 50% de sectores como salud, transporte, telecomunicaciones y educación.
El Ejecutivo mantiene además la no homologación de paritarias por encima de la inflación, y ya avanzó con reformas como la eliminación de multas al trabajo mal registrado, la ampliación del período de prueba a ocho meses y la creación de un fondo de cese laboral optativo.
Los encargados de llevar adelante la reforma son los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía), junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. La primera convocatoria a sesiones extraordinarias se realizará entre el 10 y el 31 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026, mientras que las discusiones laborales se proyectan en la Cámara Alta desde el 15 de enero hasta fines de febrero, bajo la interlocución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por su parte, la CGT anticipó que abrirá un diálogo con el Gobierno, aunque rechazará algunos puntos que circulan sin confirmación oficial, como el tope en indemnizaciones, bancos de horas y salario por productividad. “No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos”, afirmó Cristian Jerónimo. Jorge Sola advirtió que no acompañarán medidas que repliquen el DNU 70/23, declarado inconstitucional, y sostuvo que “hay un sector del Gobierno que busca atomizar el poder sindical, tratándonos como adversarios políticos”.
