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El Senado debate el veto a la ley de Discapacidad y la regulación de los DNU

En medio de la crisis por los audios, el Senado enfrenta una sesión clave.

El Senado de la Nación inició este jueves una sesión cargada de tensión política, con dos temas centrales en agenda: el rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en Discapacidad y el tratamiento de un proyecto que busca regular los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes.

El debate se desarrolla en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno tras la difusión de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Diego Spagnuolo), que involucran a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. La oposición anticipó al menos cinco cuestiones de privilegio y fuertes críticas por las denuncias de coimas y la cautelar judicial que intenta frenar la publicación de las grabaciones.

Por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, la sesión no será conducida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, sino por el libertario Bartolomé Abdala, quien quedó a cargo del recinto.

La ley de emergencia en Discapacidad, aprobada previamente por el Congreso, tiene vigencia hasta diciembre de 2026 e incluye la actualización mensual de aranceles y prestaciones de acuerdo con la inflación. También obliga al Estado a saldar deudas con prestadores y establece que las contribuciones por invalidez se equiparen al 70% del haber mínimo jubilatorio. Según la Oficina de Presupuesto, el costo fiscal oscilaría entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Si el Senado insiste en rechazar el veto, será un hecho histórico: la última vez que el Congreso revirtió un veto presidencial fue en 2003.

El otro eje de la sesión es la modificación del régimen de los DNU, dictámenes que el presidente Milei ha utilizado con frecuencia en los últimos meses. El proyecto, que obtuvo consenso en la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por Alejandra Vigo, plantea que un decreto deberá ser aprobado por ambas cámaras en un plazo de 90 días corridos. Si una sola cámara lo rechaza o no se pronuncia, quedará automáticamente derogado.

La iniciativa logró apoyo de sectores del kirchnerismo, PRO, UCR y bloques provinciales, con un piso inicial de 34 votos, lo que anticipa un debate de alto voltaje político.

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