El juez de Garantías de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, atraviesa uno de los momentos más críticos de su carrera y de su vida personal. En menos de un mes fue víctima de dos robos violentos que, según denunció, no fueron hechos al azar, sino ataques dirigidos para intimidarlo por su trabajo en causas complejas vinculadas al narcotráfico, entre ellas la investigación inicial del triple crimen de Florencio Varela. Hoy, asegura, teme por su vida y la de su familia.
El magistrado sostuvo que ambos episodios presentan características de inteligencia previa y amedrentamiento. El primero ocurrió a comienzos de noviembre, cuando realizaba una mudanza provisoria hacia la casa de su suegra, buscando mayor seguridad tras vender su vivienda. Allí fue sorprendido por un grupo armado, que lo interceptó dentro del garaje y lo redujo a punta de pistola junto a su esposa y su hijo. Los asaltantes se llevaron el vehículo y los teléfonos celulares, y el rodado fue hallado horas después en la zona de Fuerte Apache.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, días atrás la familia volvió a ser blanco de la delincuencia. Esta vez, los ladrones ingresaron a la vivienda en ausencia de sus ocupantes y, pese a revisar cada ambiente, solo sustrajeron una consola de videojuegos, un dato que refuerza la hipótesis del juez sobre una acción intimidatoria más que un robo común. “Buscan que baje los brazos”, expresó al relatar la secuencia, al tiempo que describió el estado de pánico permanente en el que viven él y sus seres queridos.
Uno de los aspectos más graves del caso es la falta de custodia oficial. Pinos Guevara reveló que desde hace casi una década solicita protección personal, pero que todos los pedidos fueron rechazados, sin importar el gobierno de turno. Según su análisis, la violencia que hoy sufre es una represalia directa de organizaciones criminales afectadas por sus resoluciones judiciales, especialmente las vinculadas a bandas narco de alto poder.
El impacto emocional en su entorno familiar es profundo. Sus hijos, de 11 y 15 años, le pidieron dejar el país y mudarse a España como única alternativa para vivir sin miedo. El juez reconoció que esa posibilidad está sobre la mesa, pese a su vocación y compromiso con la Justicia. “La integridad de mi familia es lo primero”, admitió, al tiempo que definió su exposición pública como un pedido de auxilio ante un sistema que, según denunció, lo dejó solo frente a amenazas cada vez más concretas.
