El Gobierno nacional ratificó que las universidades públicas pueden cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina, en línea con lo establecido por el DNU 366/2025. La aclaración fue realizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en medio del debate generado en redes sociales sobre el acceso de extranjeros a la educación superior.
El funcionario explicó que la gratuidad universitaria continúa garantizada para los ciudadanos argentinos y para los extranjeros con residencia permanente, mientras que las casas de estudio cuentan con autonomía para decidir si implementan o no el cobro a quienes no cumplen con ese requisito migratorio.
Según el Gobierno, la medida no obliga a las universidades a arancelar, sino que les otorga la posibilidad de hacerlo en el marco de su autonomía institucional. Cada universidad podrá definir si aplica esta herramienta y bajo qué condiciones.
La ratificación se produjo en un contexto de fuerte discusión pública, luego de que circularan publicaciones que cuestionaban el alcance de la normativa. Desde la administración nacional señalaron que el marco legal vigente ya contempla esta facultad para las universidades y remarcaron que la decisión final corresponde a cada institución.
El DNU 366/2025 forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por el Gobierno en materia migratoria y educativa. En ese esquema, las universidades nacionales mantienen la potestad de definir si cobrarán o no a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, mientras que el acceso gratuito para residentes permanece sin cambios.
