Mientras la atención pública estuvo concentrada en el Mundial 2026, en la Casa Rosada se desarrollaba una preocupación que, según reconocen en el propio Gobierno, podría derivar en una situación crítica si no se actúa a tiempo. El avance del fenómeno climático El Niño encendió las alarmas en el Ejecutivo, que ya comenzó a coordinar medidas con las provincias ante el riesgo de inundaciones de gran magnitud.
La inquietud quedó reflejada durante la última reunión de la Mesa Política, el principal ámbito de seguimiento de la gestión nacional. Allí, además de los temas habituales de agenda, se analizaron los posibles efectos que tendría un incremento de las precipitaciones, un escenario que los informes oficiales consideran altamente probable. «No se está hablando demasiado del tema por el Mundial, pero las provincias que corren más riesgo ya están trabajando porque, si no previenen, puede ser una catástrofe», admitió una fuente del Gobierno involucrada en el seguimiento de la situación.
El diagnóstico se apoya en reportes elaborados por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y en las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que estiman una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026. Los modelos anticipan precipitaciones superiores a los valores habituales en Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Córdoba e incluso sectores del este de la Patagonia.
Los números que manejan en el Ejecutivo reflejan la magnitud del desafío. Según la AFE, existen 5.476.680 hectáreas con potencial riesgo de inundación, donde viven unas 920.000 personas que podrían verse afectadas, además de infraestructura crítica y servicios esenciales.
Frente a ese escenario, Karina Milei y Diego Santilli viajarán durante la primera semana de agosto a Resistencia para mantener una cumbre con gobernadores del NEA. El objetivo será definir estrategias preventivas y evaluar las necesidades de cada distrito antes de que el fenómeno alcance su período de mayor intensidad.
La coordinación también contempla eventuales Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para situaciones de emergencia, aunque en la Casa Rosada reconocen que esos recursos suelen ser limitados. En paralelo, distintas provincias ya comenzaron a activar protocolos propios, desde obras de infraestructura hasta mecanismos para el traslado preventivo de hacienda en zonas que podrían quedar anegadas.
Las primeras señales ya comenzaron a aparecer. Entre Ríos informó crecidas en el norte provincial y sobre la costa del río Uruguay, mientras que en Corrientes las autoridades monitorean el aumento del nivel de los cursos de agua y evalúan medidas de contingencia.
Con ese panorama, el Gobierno prepara una nueva serie de encuentros junto a organismos nacionales y provinciales para terminar de definir el plan de respuesta. La preocupación es clara: todavía existe margen para reducir el impacto, pero en la Casa Rosada advierten que el tiempo para anticiparse empieza a acortarse.
