El Gobierno nacional acelera en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de llevarlo al recinto durante la primera semana de octubre. El debate comenzará el miércoles 30 de septiembre en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
La primera reunión será de carácter informativo y contará con la participación de distintos expositores. En esa instancia no se firmarán dictámenes. El oficialismo ya estableció una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre, cuando buscará cerrar la discusión en comisión y avanzar con los despachos necesarios para habilitar el tratamiento en el recinto.
El cronograma contempla que la sesión especial se realice el miércoles 7 de octubre. El pedido sería impulsado por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, mientras que las tres comisiones encargadas de analizar el proyecto están presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán.
La iniciativa había ingresado formalmente al Congreso el 17 de septiembre y fue presentada por el Ejecutivo como una herramienta destinada a reforzar la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El texto también incorpora los espacios marítimos e insulares correspondientes y establece como objetivo permanente la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Uno de los principales cambios propuestos es la derogación de la Ley 26.659, que actualmente establece el régimen de sanciones relacionado con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. El nuevo proyecto amplía ese esquema a otros recursos naturales, tanto renovables como no renovables, cuando sean explotados sin autorización de la Argentina.
El texto establece además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, con conocimiento de la situación, proporcionen bienes o servicios esenciales a personas o empresas alcanzadas por las conductas sancionadas.
Las consecuencias previstas no se limitan al ámbito penal. Quienes resulten sancionados podrían quedar impedidos de desarrollar determinadas actividades económicas en el país, perder beneficios impositivos o previsionales, sufrir la revocación de habilitaciones y quedar excluidos de contrataciones con el Estado nacional, las provincias y los municipios.
El proyecto también incorpora un capítulo referido a la seguridad nacional. Para ese objetivo crea el Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente y tendrá entre sus funciones asistirlo en cuestiones estratégicas, elaborar la Política de Seguridad Nacional y coordinar las políticas sectoriales de los organismos que integran el sistema.
La iniciativa modifica, además, distintas normas vinculadas con defensa, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos, lo que amplía el alcance del debate más allá de las disposiciones específicamente relacionadas con la explotación de recursos en el Atlántico Sur. La propuesta tiene en total 133 artículos.
El avance del proyecto ya genera cuestionamientos de distintos sectores. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó preocupación por algunas disposiciones y sostuvo que, si bien considera legítimos los objetivos vinculados con la defensa de la soberanía, las herramientas utilizadas deben ajustarse a la Constitución Nacional y respetar derechos y garantías.
En particular, la entidad planteó reparos sobre la amplitud y falta de precisión de algunas conductas que podrían quedar alcanzadas por sanciones penales o administrativas. Según su análisis, determinadas disposiciones podrían generar problemas relacionados con el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso. Estas observaciones serán parte de las cuestiones que podrían discutirse durante el tratamiento en comisión.
Mientras Diputados comienza a analizar el proyecto del Ejecutivo, en el Senado también avanzan iniciativas vinculadas con la cuestión Malvinas. Allí se planteó la creación de una Comisión Bicameral permanente para realizar un seguimiento de los asuntos relacionados con la soberanía sobre las islas y temas asociados, como hidrocarburos, pesca, puertos, logística y regímenes sancionatorios.
El Gobierno, por su parte, busca sostener el cronograma previsto para que el proyecto llegue al recinto en octubre. Para conseguirlo deberá atravesar primero la discusión de las tres comisiones, reunir las firmas necesarias para el dictamen y luego avanzar en las negociaciones parlamentarias para conseguir los votos que permitan su aprobación en la Cámara baja.
