El Gobierno nacional se dispone a dar un paso clave en la resolución de uno de los litigios pendientes por el default de 2001: enviará al Congreso un proyecto de ley para habilitar el pago de un acuerdo que ya fue firmado con acreedores, pero que aún no puede ejecutarse sin aval parlamentario.
La iniciativa, impulsada por el presidente, Javier Milei, se encuentra en revisión en la Secretaría de Legal y Técnica y será girada al Parlamento en las próximas horas. El objetivo es darle respaldo institucional a un entendimiento que, aunque cerrado en términos judiciales, necesita validación política para concretarse.
La base del acuerdo fue informada el 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, en los tribunales de Nueva York. Allí, los abogados del país comunicaron que el 1 de abril se alcanzó un acuerdo definitivo con los acreedores, condicionado a la aprobación del Congreso.
El caso involucra a los fondos Bainbridge Fund y Attestor, que mantenían fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos. Los reclamos originales rondaban los 600 millones de dólares, aunque desde el Gobierno sostienen que el monto final sería menor debido a ejecuciones previas sobre garantías.
Por el momento, el Ejecutivo evita precisar detalles sobre la modalidad de pago y mantiene bajo confidencialidad los términos del acuerdo. Sin embargo, destacan que la negociación permitió frenar temporalmente nuevas acciones judiciales en Estados Unidos, entre ellas intentos de embargo sobre activos estatales.
La decisión de avanzar por la vía legislativa responde a una estrategia más amplia: blindar el acuerdo para reducir riesgos de futuras impugnaciones y cerrar definitivamente un frente judicial abierto desde hace más de dos décadas.
En la Casa Rosada señalan que el envío del proyecto se inscribe en una lógica que combina defensa judicial con resolución política de conflictos internacionales. En ese esquema, el paso por el Congreso aparece como la instancia necesaria para transformar un acuerdo en una solución efectiva.
Si se aprueba, la iniciativa permitiría avanzar en el pago y cerrar uno de los capítulos pendientes del default de 2001, en un contexto en el que el Gobierno busca ordenar su frente externo y reducir la exposición a litigios en tribunales internacionales.
