Una familia de productores rurales de Chubut denunció la pérdida de aproximadamente 200 ovejas durante el último año como consecuencia de ataques de pumas en un establecimiento ganadero de la meseta provincial. La situación fue expuesta por Liliana Fernández, quien administra junto a sus hermanos el campo Don Ángel, ubicado en la zona de Gorro Frigio.
La productora aseguró que los ataques se repiten tanto en espacios abiertos como dentro de los corrales y advirtió que otros establecimientos cercanos atraviesan dificultades similares. Ante las pérdidas, reclamó la intervención del Gobierno provincial y de las entidades vinculadas con la actividad ganadera.
“El año pasado el puma nos mató 200 ovejas y un familiar nuestro se quedó sin animales”, afirmó Fernández en declaraciones a Jornada Web.
Según su testimonio, los animales silvestres se acercan incluso a sectores próximos a las viviendas rurales, lo que obliga a los pobladores a realizar recorridas nocturnas para intentar proteger sus majadas.
La familia sostiene que las pérdidas comprometen el trabajo de varios años y generan dificultades económicas para mantener la actividad, especialmente por los costos de alimentación, sanidad y cuidado de los animales.
Una familia que busca sostener la producción ganadera
El establecimiento Don Ángel fue desarrollado por los padres de Liliana Fernández y actualmente está a cargo de sus hijos. La productora recordó que su familia atravesó períodos de sequía, nevadas y otras dificultades propias de la actividad rural para mantener el campo en funcionamiento.
Fernández vive en El Maitén, mientras que sus hermanos permanecen en el establecimiento y se ocupan de las tareas cotidianas. De acuerdo con su relato, los ataques ocurren en distintos sectores del campo, incluso en lugares donde los animales se concentran para beber agua.
“Te mata animales a 50 metros de casa. Ataca dentro de los corrales”, describió la productora al referirse a los episodios registrados en su propiedad.
También señaló que sus hermanos realizan recorridas durante la noche con reflectores para ahuyentar a los pumas, aunque esas tareas no han logrado evitar nuevas pérdidas. La preocupación alcanza a la continuidad de la actividad ovina, una producción que requiere inversiones y cuidados durante todo el año antes de obtener ingresos por la venta de lana, carne o animales.
“Para esquilar una oveja tenés que estar un año esperando y viene el puma y te la mata”, expresó Fernández al explicar el impacto económico que representa cada pérdida. La productora sostuvo que otros establecimientos de la zona también registraron ataques y aseguró que algunas familias se quedaron sin hacienda.
Estas afirmaciones corresponden a los testimonios recogidos entre los pobladores y no están acompañadas, por el momento, por un relevamiento oficial que permita determinar la cantidad total de animales afectados en la región.
El reclamo de asistencia y el desafío de proteger al ganado
Fernández pidió que las autoridades provinciales y las organizaciones rurales intervengan para buscar soluciones que permitan reducir los ataques y proteger la producción. La mujer manifestó que reconoce la importancia de la fauna silvestre, pero planteó la necesidad de atender también las consecuencias que sufren las familias dedicadas a la ganadería.
“Yo respeto la vida de los pumas, pero ¿quién respeta la vida de las ovejas? ¿O el sacrificio que hace el peón rural por mantener esos animales?”, expresó.
En su testimonio, la productora señaló que los establecimientos cercanos que ya no mantienen hacienda podrían funcionar como espacios de refugio para los depredadores. Sin embargo, no se difundieron estudios poblacionales que permitan confirmar un aumento de pumas en la zona.
El conflicto entre la ganadería extensiva y los grandes carnívoros representa un desafío para las regiones rurales donde ambas actividades y especies comparten territorio.
La prevención de ataques puede requerir medidas adaptadas a cada establecimiento, además de asistencia técnica y coordinación entre productores y organismos responsables de la gestión de fauna.
Fernández advirtió que, si continúan las pérdidas sin respuestas, algunas familias podrían abandonar la actividad.
“Si esto no se frena, los campos se van a vaciar de hacienda”, sostuvo.
Más allá de las consecuencias económicas, la productora describió el impacto familiar que provoca la pérdida de animales en un establecimiento construido durante décadas.
Contó que su madre, de 82 años, dedicó buena parte de su vida al trabajo rural y que sus hijos procuran evitar que vea las imágenes de los ataques para no causarle angustia.
La familia espera que la difusión de su situación permita abrir un diálogo con las autoridades y avanzar en medidas de protección para los productores de la meseta chubutense.
Fuente: Entrevista de Jornada Web a Liliana Fernández, publicada el 4 de noviembre de 2026.
