La investigación judicial por el fentanilo contaminado tendrá este lunes una nueva instancia clave. Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ampliará su declaración indagatoria ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, en una causa que investiga la actuación de los organismos encargados de controlar a los laboratorios involucrados.
La audiencia se realizará en los tribunales federales de La Plata y contará con la participación de la fiscal María Laura Roteta, quien lleva adelante la investigación junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Mantecón Fumadó está imputada por su presunta responsabilidad en los controles efectuados sobre HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., donde fueron elaborados los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo que posteriormente fueron detectados como contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica.
Según la investigación judicial, el lote 31.202 comenzó a ser suministrado a pacientes en febrero de 2025. La contaminación quedó vinculada con un brote de infecciones graves que derivó en la muerte de al menos 90 personas y provocó lesiones y otros daños en decenas de pacientes.
La nueva declaración de Mantecón Fumadó se produce después de que otra de las principales funcionarias investigadas, Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, ampliara su propia indagatoria ante Kreplak.
Bisio declaró durante aproximadamente cuatro horas y presentó previamente un escrito de 117 páginas en el que cuestionó las acusaciones y buscó deslindar responsabilidades por los controles realizados sobre los laboratorios involucrados. En esa presentación apuntó particularmente hacia Mantecón Fumadó y sostuvo que no estaba al tanto de todo lo que ocurría dentro del organismo.
Ahora será el turno de la exdirectora del INAME de responder a esas acusaciones y brindar su propia versión sobre el funcionamiento del área encargada de controlar medicamentos.
La estrategia de Mantecón Fumadó también podría poner bajo la lupa a otras funcionarias del organismo. Entre los nombres que aparecen en la investigación figura Mariela Baldut, farmacéutica y jefa del Departamento de Vigilancia, Post Comercialización y Acciones Reguladoras desde agosto de 2024, quien continúa trabajando actualmente en la ANMAT.
El expediente judicial no se concentra únicamente en los responsables de los laboratorios que fabricaron y comercializaron el fentanilo. Una de las líneas centrales de la investigación busca determinar si existieron demoras, omisiones o fallas en los controles estatales que permitieron que los medicamentos contaminados llegaran a hospitales y clínicas.
La Fiscalía Federal y la PIA sostienen que la actuación de los organismos de control resulta determinante para establecer si el desastre sanitario pudo haber sido evitado o detectado antes de que los lotes llegaran a los pacientes.
La causa se inició en mayo de 2025, luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a las causas habituales. A partir de allí, la investigación permitió reconstruir el recorrido del fentanilo contaminado y avanzar sobre los laboratorios responsables de su producción, pero también sobre los mecanismos de fiscalización estatal.
Las imputaciones contra Bisio y Mantecón Fumadó marcaron un nuevo capítulo del expediente porque llevaron la investigación hacia las máximas autoridades que tenían bajo su órbita el control sanitario de los medicamentos.
Ambas fueron detenidas a comienzos de agosto a pedido de la fiscal Roteta y del titular de la PIA, Sergio Rodríguez, aunque posteriormente recuperaron la libertad tras cumplir con las condiciones fijadas por la Justicia.
La ampliación de la declaración de Mantecón Fumadó ocurre además cuando el juez Kreplak debe definir la situación procesal de los imputados. La nueva presentación de la exfuncionaria vuelve a postergar una definición que puede determinar quiénes continuarán formalmente vinculados al proceso y bajo qué condiciones.
El caso tiene una dimensión sanitaria y judicial extraordinaria. Los lotes investigados no fueron simplemente retirados del mercado: ya habían sido utilizados en pacientes cuando comenzaron a conocerse las consecuencias de la contaminación.
Por eso, la discusión que ahora vuelve a los tribunales no se limita a establecer quién produjo el fentanilo contaminado. También busca determinar qué controles existieron, qué advertencias fueron recibidas, cuándo actuaron los organismos estatales y si las autoridades responsables cumplieron con las obligaciones que tenían a su cargo.
La declaración de Mantecón Fumadó será seguida especialmente por la fiscalía porque puede aportar nuevos elementos sobre el funcionamiento interno de la ANMAT y el INAME durante el período en que los lotes contaminados fueron producidos y distribuidos.
Mientras tanto, la investigación continúa avanzando sobre las responsabilidades de funcionarios y empresarios. El objetivo de la Justicia es reconstruir toda la cadena que permitió que un medicamento contaminado llegara a los pacientes y determinar las responsabilidades penales que correspondan.
