La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo episodio de alto impacto político y judicial. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó formalmente al contratista Matías Tabar, quien semanas atrás declaró ante la Justicia sobre las obras realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
La notificación exige que Tabar presente en un plazo de diez días una extensa documentación vinculada con sus ingresos, actividad económica, movimientos financieros y trabajos realizados durante los años 2024 y 2025.
Entre los requerimientos figuran la justificación de ingresos, detalles sobre su actividad real, facturación emitida, documentación vinculada a la construcción y remodelación de la casa de Adorni, compras de materiales, contratación de mano de obra y operaciones con proveedores.
Además, el organismo fiscal solicitó explicaciones sobre la compra de una camioneta valuada en aproximadamente 47 millones de pesos, un automóvil por unos 4 millones de pesos, la venta de otros vehículos, adquisiciones de moneda extranjera y movimientos patrimoniales realizados durante los últimos dos años.
La medida se produce en medio de la causa judicial que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y apenas semanas después de la declaración testimonial de Tabar, considerada una de las más relevantes incorporadas al expediente.
Precisamente ese contexto fue señalado por la diputada nacional Marcela Pagano, quien presentó una denuncia ante la Justicia en la que advirtió sobre una posible interferencia en la investigación.
Según planteó la legisladora, la aparición de controles tributarios sobre personas que colaboraron con la causa podría tener un efecto intimidatorio sobre futuros testigos.
“La aparición de actividad de fiscalización tributaria sobre quienes han colaborado con la Justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, es susceptible de generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial”, sostuvo en su presentación.
Pagano remarcó además que ARCA depende del Poder Ejecutivo Nacional y señaló que uno de los funcionarios bajo investigación ocupa un rol central dentro de la estructura gubernamental.
En ese marco, sostuvo que una situación de estas características podría generar temor en quienes ya declararon o eventualmente deban hacerlo en el futuro.
La controversia gira alrededor de las revelaciones que Tabar realizó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, cuando fue convocado para brindar detalles sobre las refacciones efectuadas en la propiedad de Adorni.
Durante su declaración, el contratista afirmó que las obras demandaron una inversión total de 245 mil dólares y aseguró que los pagos fueron realizados en efectivo.
Según relató, los trabajos se extendieron durante aproximadamente diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, e incluyeron intervenciones en distintos sectores de la vivienda.
Las tareas comprendieron la colocación de pisos, remodelaciones en baños y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la piscina de la propiedad.
De acuerdo con el testimonio incorporado al expediente, el pago se habría efectuado en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y otros 190 mil dólares abonados a lo largo de 2025.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue la afirmación de que, mientras avanzaban las refacciones, Adorni y su familia habrían alquilado otra vivienda dentro del mismo country.
Según la declaración de Tabar, ese alquiler habría representado un gasto adicional cercano a los 13 mil dólares durante el tiempo que se prolongó la obra.
El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó información sobre los distintos trabajadores que participaron de los trabajos, incluyendo albañiles, plomeros y electricistas.
La documentación incorporada busca permitir a los investigadores reconstruir la dinámica completa de la obra y verificar la consistencia entre los pagos declarados, los trabajos realizados y la evolución patrimonial de las personas involucradas.
Mientras tanto, el caso continúa escalando políticamente.
La situación de Adorni ya generó pedidos de explicaciones en el Congreso, cuestionamientos de sectores aliados del Gobierno y una creciente presión de la oposición, que exige avanzar con la investigación para determinar si existieron irregularidades en la adquisición de bienes y en la financiación de las obras realizadas en la propiedad.
Ahora, la intimación de ARCA al principal testigo de la causa agrega un nuevo elemento de controversia a un expediente que se ha convertido en uno de los más sensibles para el Gobierno nacional.
