El escenario sindical argentino comenzó a recalentarse en distintas provincias y deja al descubierto una nueva etapa de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y parte del movimiento obrero. Mientras la conducción de la CGT mantiene su estrategia judicial contra la reforma laboral, los sectores más combativos del sindicalismo decidieron redoblar la presión en las calles y organizar movilizaciones en distintos puntos del país.
En este contexto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) empezó a desplegar una agenda propia con actos, plenarios y protestas federales, buscando instalar un polo gremial con mayor confrontación directa contra el rumbo económico del Gobierno. El espacio reúne a organizaciones como ATE, la UOM, Aceiteros y gremios aeronáuticos, que en las últimas semanas intensificaron su presencia territorial.
El clima de conflictividad no responde a un único frente, sino que combina reclamos salariales, conflictos industriales y protestas en el sector público, todos atravesados por el debate sobre la reforma laboral y el deterioro del poder adquisitivo. Según los sindicatos más críticos del oficialismo, el ajuste económico está golpeando de lleno a los trabajadores y profundizando la caída de los ingresos.
Mientras tanto, la CGT decidió continuar su ofensiva en los tribunales contra la reforma laboral que impulsó el Gobierno y que fue aprobada en el Congreso. Sin embargo, esta semana la central obrera recibió un primer revés judicial: la Justicia rechazó un pedido cautelar que buscaba frenar algunos artículos de la ley vinculados al traspaso de competencias de la Justicia laboral nacional hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque el expediente seguirá su curso, la decisión judicial representó el primer obstáculo para la estrategia legal de la conducción cegetista, que apuesta a cuestionar la normativa dentro del ámbito institucional.
En paralelo, los gremios nucleados en el FreSU comenzaron a moverse con mayor intensidad en las provincias, buscando federalizar el conflicto sindical. Una de las acciones recientes se llevó adelante en Tierra del Fuego, donde dirigentes gremiales encabezaron una movilización en el puerto de Ushuaia para reclamar contra una intervención dispuesta por el Gobierno nacional.
La protesta estuvo liderada por referentes sindicales de peso, entre ellos Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, quien lanzó duras críticas al Ejecutivo y prometió profundizar las medidas de lucha para defender puestos de trabajo.
El frente sindical también se involucró en el conflicto laboral por la quiebra de la empresa Aires del Sur en Río Grande, donde 140 trabajadores reclaman la continuidad de la planta y el pago de salarios adeudados.
En ese marco, las declaraciones de Aguiar reflejaron el tono cada vez más confrontativo del sector más duro del sindicalismo. El dirigente incluso llegó a plantear que los trabajadores no deberían aplicar la reforma laboral en los lugares de trabajo, una postura que expone la creciente tensión política con el Gobierno.
El malestar gremial también se refleja con fuerza en el sistema educativo, donde los sindicatos docentes amenazan con nuevas medidas de fuerza ante la falta de acuerdo salarial. En el ámbito universitario, los gremios evalúan no iniciar el ciclo lectivo, mientras que en el nivel inicial y secundario ya se registraron paros en al menos 17 provincias.
La última propuesta oficial para el sector educativo —que contemplaba elevar el salario mínimo docente a $650.000— fue rechazada por los sindicatos, que exigen una oferta superadora y advierten que no aceptarán sueldos por debajo de la línea de pobreza.
A estos reclamos se suman otras demandas históricas del sector, como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, mayores recursos para infraestructura escolar y mejoras en los comedores educativos. Las protestas comenzaron a replicarse en varias provincias, entre ellas Jujuy y Catamarca.
En paralelo, el FreSU intenta consolidarse como un espacio de coordinación de conflictos laborales a nivel nacional. Entre sus iniciativas figura la elaboración de indicadores económicos propios, que —según anticiparon— buscarán contrastar con los datos oficiales del INDEC para reforzar los reclamos salariales.
Por ahora, el mapa gremial muestra dos estrategias que conviven pero avanzan por carriles diferentes: por un lado, la CGT que apuesta a la vía judicial para frenar la reforma laboral, y por el otro los sindicatos combativos que buscan recuperar la calle como principal herramienta de presión política y sindical.
