El Ministerio de Salud de Neuquén impulsa un proyecto de ley que busca dar un abordaje integral a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en la provincia. La iniciativa, que ya obtuvo estado parlamentario, propone consolidar una política pública que articule salud, derechos humanos y participación ciudadana, con el objetivo de erradicar el estigma y garantizar condiciones dignas para quienes conviven con estas enfermedades. Actualmente, en la provincia hay 950 personas diagnosticadas con VIH en tratamiento, y el 54% de los casos se detectan de manera tardía.
La propuesta adhiere a la Ley Nacional 27.675, que establece una respuesta integral al VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis (TBC). Además, plantea la creación de una Comisión Multisectorial e Interministerial para coordinar acciones. La presentación estuvo a cargo de la médica infectóloga Luciana Moya, junto a la abogada Gisella Jara y el profesional Daniel Daglio, quienes remarcaron la importancia de fortalecer políticas inclusivas y con enfoque de derechos.
Durante la exposición, Moya recordó que la normativa nacional fue sancionada en julio de 2022, y destacó que en Argentina viven alrededor de 140 mil personas con VIH, de las cuales un 13% aún no conoce su diagnóstico. Explicó que muchos pacientes reciben el diagnóstico en etapas avanzadas, lo que implica un desafío para el sistema de salud en materia de prevención y detección temprana.
La infectóloga subrayó la necesidad de mejorar la accesibilidad y visibilizar la situación a nivel provincial, con el fin de garantizar diagnósticos más tempranos y tratamientos adecuados. En ese sentido, remarcó: “Contamos con un gobierno que apoya la temática y garantiza derechos, y desde provincia se continuó abasteciendo”. Asimismo, insistió en la importancia de contar con presupuesto propio para garantizar el acceso universal y en condiciones de equidad.
El proyecto también instituye el 1° de diciembre como “Día Provincial del Sida”, en consonancia con la jornada internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA. En esa fecha, se prevé que organismos estatales, municipios e instituciones educativas desarrollen actividades de prevención, información, sensibilización y promoción de derechos. La iniciativa continuará su análisis en la comisión legislativa, con el acompañamiento de profesionales de la salud, organizaciones sociales y personas que conviven con el virus.
