El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al diputado nacional José Luis Espert por lavado de dinero, en el marco de una causa iniciada por Juan Grabois, a raíz del dinero que el legislador recibió en 2020 por parte del empresario Federico “Fred” Machado. La denuncia presentada por Grabois sostiene que Espert recibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal vinculada al narcotráfico y actualmente juzgada en Texas, Estados Unidos”.
Domínguez solicitó al juez Lino Mirabelli la realización de las primeras medidas de prueba para recopilar información sobre los fondos que Espert habría recibido. Además, la denuncia pide que se investigue si el dinero se trató de una maniobra de lavado de activos, ampliando así el alcance de la investigación más allá del origen de los fondos.
La imputación se conoció el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la extradición de Machado a Estados Unidos, ratificando la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén. La Corte, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la solicitud estadounidense cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que los cargos imputados a Machado están suficientemente respaldados.
Entre los cargos que enfrenta Machado se incluyen la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico. En este contexto, se investiga también el vínculo financiero entre Machado y Espert, que podría incluir aportes a asesorías contratadas por el diputado.
El empresario aseguró que su relación con Espert fue estrictamente laboral. Declaró que aportó los US$200.000 en concepto de una asesoría firmada a través de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, y aclaró que los fondos se entregaron en cuotas como parte de un contrato formal. Machado negó que se tratara de un monto mayor, como había señalado Grabois, y precisó que la operación no tuvo intervención de funcionarios del Gobierno.
