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Crean un nuevo organismo nacional para coordinar la lucha contra los delitos económicos

El Gobierno nacional oficializó la creación del Consejo Federal de Delitos Económicos, un organismo destinado a fortalecer la prevención e investigación de la criminalidad económica en todo el país. La resolución 230/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece que el consejo funcionará dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, dependiente del Ministerio de Seguridad liderado por Alejandra Monteoliva.

El nuevo consejo tendrá como objetivo central asistir en la detección y prevención de los distintos delitos económicos, incluyendo enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como otras manifestaciones vinculadas que puedan concurrir con delitos penados por el Código Penal de la Nación. Entre sus funciones se destacan la recolección y sistematización de información proveniente de fuentes abiertas, fuerzas federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El organismo también estará encargado de desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan como insumo para la toma de decisiones y el diseño de políticas de prevención. Asimismo, se propone construir un mapa de situación nacional, regional y provincial, con el objetivo de coordinar medidas de alerta temprana y proponer acciones que prevengan la comisión de delitos económicos.

Otro de los pilares del consejo será la conformación de grupos de trabajo especializados, destinados a analizar la coyuntura y situaciones específicas, y evaluar las investigaciones existentes para mejorar los procedimientos de las fuerzas de seguridad. De esta manera, se busca optimizar la coordinación entre las distintas jurisdicciones y organismos involucrados en la lucha contra la criminalidad económica, garantizando un enfoque integral y federal.

Con esta iniciativa, el Gobierno apunta a dotar al país de una herramienta estratégica para enfrentar delitos económicos complejos, promoviendo la coordinación interjurisdiccional, el intercambio de información y la generación de indicadores que permitan actuar de manera preventiva y eficaz en todo el territorio nacional.

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