Una supuesta contadora de Chos Malal quedó bajo un fuerte golpe judicial luego de que la Justicia neuquina dispusiera el embargo de tres camionetas de alta gama —una Toyota SW4, una Toyota SRX y una RAM— por su presunta participación en un entramado de defraudación y abuso de confianza contra un productor ganadero y comerciante local.
La acusada, identificada como Marcela Sepúlveda, habría utilizado durante años la cuenta de ARCA (ex AFIP) de uno de sus clientes para pagar millones en impuestos correspondientes a otros contribuyentes, mientras el damnificado acumulaba juicios y embargos sin saberlo. El perjuicio estimado, según las primeras auditorías, ronda los 100.000 dólares y podría escalar a más de 20 afectados.
Cómo quedó al descubierto la maniobra
La denuncia fue presentada el 5 de noviembre ante el Ministerio Público Fiscal. El damnificado, dueño de dos carnicerías, explicó que contrató a un nuevo contador tras recibir intimaciones tributarias. Al entregar su clave fiscal y su CUIL para revisar su situación, surgió el dato alarmante: los pagos que él realizaba mensualmente no correspondían a sus obligaciones, sino a las de otros comerciantes vinculados a la contadora.
El nuevo profesional detectó VEPs destinados a 14 contribuyentes distintos, entre ellos:
- Farmacia Lavalle, con pagos por más de $34 millones
- CAIMAYEN Servicios, por $310.881
- Otros comerciantes por cifras similares o incluso superiores
Al intentar hablar con esas personas, el productor obtuvo respuestas evasivas. Uno de ellos incluso envió una captura de ARCA indicando que “no figuraba ningún VEP”, atribuyendo la ausencia a un supuesto “reseteo de cuenta”.
Embargo y advertencia judicial
Durante la audiencia del 28 de noviembre, la fiscal Natalia Rivera solicitó el embargo preventivo de bienes para evitar maniobras de insolvencia. El juez Ignacio Pombo avaló el pedido y ordenó:
- Embargo de tres vehículos de alta gama
- Inhibición general de bienes por todas las provincias
- Prohibición de venta o transferencia de los vehículos desde el viernes posterior a la audiencia
Además, anticipó que la Fiscalía formulará cargos antes de marzo de 2026.
Pese a que la defensa de Sepúlveda sostuvo que se trató de un “error administrativo”, tanto la fiscalía como la querella fueron contundentes: la maniobra se habría extendido por más de 10 años y la gestora recibía efectivo de otros clientes para cancelar sus impuestos, utilizando en paralelo los fondos del denunciante.
“Quiero que pague todo el daño que me hizo”
En su declaración, el damnificado afirmó que la contadora incluso manejaba su HomeBanking del Banco Provincia de Neuquén, acceso que habría solicitado “para revisar deudas”.
Señaló además que otro comerciante intentó persuadirlo para que “arreglara directamente con la contadora”, pero él se negó:
“Quiero que pague todo el daño que me ha hecho. Pienso que para atrás debe haber mucho más. Que esto se investigue no sólo por mí, sino por las 120 personas que trabajan con ella”.
El caso, que podría involucrar a decenas de contribuyentes, quedó ahora bajo investigación formal y avanza con la auditoría contable que busca determinar el total del dinero desviado durante más de una década.
